Estar en la universidad es una cosa... de la SUNEDU

No. El Grupo Río no cambió la letra de su célebre tema ochentero "La Universidad". Muchos que conocen el penoso estado de la educación universitaria nacional habrán deseado que hubiera sido así y no que el Tribunal Constitucional ratificara la constitucionalidad de la Ley Universitaria N° 30220 tras haber declarado infundadas las demandas presentadas por los Colegios de Abogados de Lima, el de Lima Norte, y por un grupo de congresistas invocando principalmente la violación de la autonomía universitaria con la creación de la Superintendencia Nacional para la Educación Superior Universitaria (SUNEDU), organismo técnico adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU).

Tras haber leído la sentencia junto con los votos singulares.de los magistrados Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón De Taboada, debo confesar que tengo sentimientos encontrados respecto a varios de los fundamentos. Porque de un lado reconoce que hacen una interferencia “en la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, pero ésta es legítima y proporcionada, ya que permite alcanzar un alto grado de satisfacción del derecho a la educación universitaria”. Para ello, otorga poderes a los burócratas de la SUNEDU, quienes decidirán qué universidad debe ser rescatada y cuál cerrada. Por supuesto, se asegura que se aplicarán rigurosamente las obligaciones administrativas para garantizar un trabajo objetivo a fin de mejorar la educación universitaria a nivel nacional. Por otro lado, todo eso plasmado en una ley (en un papel, para ser más realista), ¿se va a cumplir en la vida real? ¿O será la oportunidad para privilegiar las universidades públicas sobre las privadas? ¿Las universidades seguirán siendo locales partidarios de ciertos candidatos al poder político? ¿Serán los órganos de comunicación de ciertas ONGs con las que simpatiza el partido oficialista, sin importar su nombre?

Estos temores no son para soslayarse, pues el Tribunal Constitucional justifica la existencia de la SUNEDU diciendo que ha recomendado su creación y repite una y otra vez que la educación es un servicio público. Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución lista a la educación entre las principales áreas de actividad del Estado sin englobarla al concepto de "servicios públicos". En todo caso, lo correcto sería denominarla "instrucción", porque la educación es un derecho y un deber de los padres de familia, además de que forma parte de la labor subsidiaria del Estado. En otras palabras, la educación no empieza en la universidad, ni en el colegio, sino en la cuna. De ahí que las palabras más idóneas en esta ley hubieran sido "instrucción terciaria". Así se estaría demostrando que se redactaría una ley con criterio técnico, no político y menos copiando palabras de leyes (que regulaban realidades pasadas y distintas) o documentos internacionales.

Para complementar lo anterior, de acuerdo con el magistrado Sardón "la educación no es una industria de redes, en la que sea difícil tener competencia. Las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica y gas natural, la infraestructura de transporte de uso público y el saneamiento sí lo son. De ello deriva la necesidad de tener los organismos reguladores (...) OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRÁN y SUNASS...". Tampoco puede justificarse la creación de la SUNEDU haciendo referencia al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que supervisa la contratación estatal con los particulares; y, a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), que supervisa los bienes estatales, porque se trata de instituciones encargadas de velar por la correcta administración del patrimonio estatal y esto no tiene ninguna relación con la educación universitaria.

El Tribunal Constitucional, con la presente sentencia manifiesta su inclinación política desconfiando del mercado, presuponiendo que las universidades pueden actuar independientemente de las preferencias de los estudiantes. El propósito burocrático y controlista de la "Ley Mora" llega al paroxismo en el numeral 1 de su artículo 11, que establece que las universidades privadas deben tener un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). ¡Es decir! ¡Las universidades privadas (con o sin fines de lucro) no son empresas ni organismos estatales! Parece que a los magistrados les dio lo mismo la diferencia.

Para cualquier académico imparcial es claro que la educación privada de calidad es fundamental para sentar las bases del desarrollo de este país. La que sólo aspira al lucro (universidades que funcionan en chifas, como se dijo una vez) y no genera calidad a mediano y largo plazo debe desaparecer o ser sancionada. Sin embargo existe un abismo entre ambos modelos y el que se abre con esta sentencia. Lo que hacen el ministro Jaime Saavedra y el congresista Daniel Mora es meter a todas las universidades en el mismo saco y consagrar sospechosamente el modelo de la ex PUCP, una universidad que tiene casi cien años de crecimiento y muchos intereses en juego. Como bien lo expresó Martín Santiváñez, "todo aquello que nace del voluntarismo (es decir, la actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan, que en las posibilidades reales) está condenado al fracaso, y sobre todo en un país como Perú".

En países institucionalmente débiles como éste, la burocracia está al servicio del régimen de turno, y la corrupción es la criollada en su edad madura. Ante esta realidad ¿se justificaba barnizar los fundamentos de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución con criterios puramente legales y no teniendo los magistrados (que votaron a favor de declarar infundada la demanda) una visión integral de nuestra realidad social? ¿Pecaron de cándidos al creer que una superintendencia será tecnocrática e intachable por la calidad de sus miembros (sin ofender a los que ingresen a laborar ahí por concurso público)? ¿Creen que el Estado peruano, máximo responsable del desastre educativo nacional durante décadas es el mejor recomendado para hacer que nuestro nivel llegue a equipararse al de Finlandia?

Francamente, con la calidad de candidatos a la Presidencia que tenemos, la tentación de saltarse con garrocha los reglamentos y las leyes o crear subterfugios legales para cumplirlas sólo en parte, será irresistible. La SUNEDU, de verdad, es una herramienta a favor de ello porque ni una ley ni una decisión administrativa elevarán el nivel de la enseñanza superior al de las Universidades de Princeton o Cambridge, así como una nueva Constitución no lleva a un país del tercer mundo a estar a la altura de Austria, por citar un elocuente ejemplo. La próxima vez habrá que legislar la realidad universitaria haciendo un estudio detallado del por qué de ésta, a partir de diversas ópticas (humanísticas, tecnológicas, científicas, globales, económicas, etc.) para así conseguir que formen profesionales que en el siglo del conocimiento respondan a las demandas laborales de nuestro tiempo. Por ello recomiendo leer el libro "Basta de historias" de Andrés Oppenheimer, y con ello tener una perspectiva comparada de la calidad educativa de varios países latinoamericanos con nuevas potencias educativas como Israel, Singapur, China y hasta India.

La facilidad del escarnio: A propósito del Sodalicio

Disculpen la crudeza, pero siento el deber de expresar mi opinión sobre esto: Hace un par de días vi la publicación de una caricatura anti-clerical que describía lo siguiente: un cardenal mirando por la ventana a una pareja de homosexuales con un niño gritaba su rechazo a la adopción gay, mientras debajo de su sotana se veían los pies de un niño puesto de rodillas en una posición que daba a entender una práctica de sexo oral. Tras quedar herido ante semejante burla, escribí a la persona que publicó eso protestando por esa evidente generalización y después me enteré de los "likes" y aprobaciones que recibió en las redes sociales de parte de personas que odian a los que se consagran a Dios, sean culpables o no de esos execrables crímenes o que ni siquiera tengan que ver con el tema. De allí el presente artículo, para no limitarme al tema de moda en las últimas semanas, y que ha opacado (en parte) a la lluvia de fango propia de la campaña por las elecciones de 2016.

Dicha caricatura, que parecía inspirada en las portadas de la revista blasfema ("satírica" que le dicen) Charlie Hebdo, mezclaba varios temas candentes: los curas pederastas condenados y las indemnizaciones millonarias que tuvo que pagar la Iglesia a las víctimas; la adopción gay aprobada por la Corte Constitucional de Colombia y las acusaciones de abusos físicos y sexuales perpetrados entre los años 80 y 90 por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV, por sus siglas en latín) y sus respectivos "brazos derechos" a raíz de la publicación de un libro conteniendo testimonios anónimos e incriminatorios. Es decir, son tres temas graficados con un afán crítico, condenatorio, pero incluso instigador del odio a la fe por culpa de estos criminales contra toda la Iglesia universal. Tal vez me equivoque en lo referido a lo de instigador, pero nunca está de más mencionarlo, porque a veces las expresiones artísticas contra lo piadoso o sagrado esconden semejante intención.

Después de casi un mes de haber estallado el escándalo dentro del Sodalicio, leo un artículo donde se acusa a la asociación de laicos católicos Tradición y Acción por un Perú Mayor (rama local de la TFP brasileña creada por el abogado Plinio Correa de Oliveira) de estar ligada de alguna manera a Luis Fernando Figari Rodrigo, calificándolo de co-fundador de dicha organización, la cual acaba de publicar un comunicado desmintiendo dicha afirmación y aclarando toda posible duda al respecto, además de rechazar todo intento de difamación o tergiversación de la realidad. Tradición y Acción tiene un carisma diferente al Sodalicio y a mí me consta, pese a que no integro ninguna de las dos comunidades. Ese es el beneficio de conocer la riqueza de matices y objetivos de trabajo que posee la Iglesia como parte de su misión de predicar el Evangelio (y lo pongo en mayúsculas para que no queden dudas) y practicar la caridad.

Habrán quienes discrepen conmigo porque dirán que Sodalicio es una secta, al igual que el Opus Dei, por sus métodos de captación de miembros, por las malas experiencias de sus ex miembros, por el espíritu tradicionalista y hasta militarista que algunos dicen que se vive dentro de cada uno de sus locales o por la mortificación que se practica de manera cruel o "medieval" como denuncia Dan Brown en su novela de ficción "El Código Da Vinci" o como caricaturiza ese bodrio llamado "Devorador de pecados" que protagonizó Heath Ledger. En parte los entiendo, y tienen todo el derecho a ser escuchados y a que la verdad se abra paso, prevaleciendo la justicia, pero también hay que escuchar los testimonios de las personas que perseveran en esos carismas y que les han ayudado a ser mejores cristianos. Eso incluye a los ex miembros, que pese a discrepar con sus respectivos estilos, los respetan y hasta los ayudan porque les consta el bien que hacen por la gente y por su defensa de los valores cristianos de la civilización occidental.

Muchas veces los acusadores mediáticos son los que tienen una eterna bronca con la Iglesia por malas experiencias que revelan dolor y dificultad para perdonar, otros por sus románticos ideales anti-religiosos (tipo John Lennon o Elton John), por su simpatía con los objetivos anarquistas o totalitarios de grupos de poder económico o ideológico, por sus heridas emocionales que se remontan a la niñez (por la rígida forma de inculcar la fe por parte de familias que olvidaban cómo ser caritativos o cercanos con sus hijos) o por dejarse llevar por la pereza intelectual mezclada con la tristeza espiritual (acedia), lo que lleva al agnosticismo o al ateísmo práctico. Pueden haber otras razones, pero muchas veces éstas son las que se suelen descubrir al momento de dialogar de este asunto. Por supuesto, sin dejar de mencionar la ignorancia culpable, que genera el prejuicio anti-clerical, que es el que abunda en la sociedad, si no me equivoco.

Es interesante escuchar las motivaciones de esta gente y hacer el esfuerzo por entenderlos. Por algo, el diálogo debe ser siempre la mejor manera de tender puentes para superar diferencias, además de la oración. Pero a quienes se sienten agraviados con acusaciones de delitos sin pruebas, campañas de demolición sistemáticas, opiniones mediáticas sesgadas o con caricaturas ofensivas en nombre de la sacrosanta "libertad de expresión", tienen toda la razón de salir a manifestar su rechazo ante dichas actitudes. La justicia debe caer sobre los culpables de cualquier delito y el agravante, ante los escándalos que se desataron, debe ser demostrado en los respectivos procesos penales para que la verdad prevalezca. Después de todo, esta situación por la que el Sodalicio está pasando es una suerte de purificación (y no maldición) para que trabaje mejor por el prójimo, en quien está reflejado el mismo Cristo.

Fernando Karadima, Marcial Maciel y otros corruptores de menores cometieron crímenes y ahora lo están pagando, en esta vida y en la otra. Pero hay que recordar que la máxima penal "la inocencia se presume mientras no se demuestre lo contrario" debe aplicarse también a Figari, aunque algunos no le tengan simpatía, mientras dure la investigación fiscal contra su persona. Eso sí, lo correcto sería que venga a Lima a responder por esas acusaciones y así dé el ejemplo de no tener miedo a la verdad, sin ánimo de ofender. Eso le daría un "plus" de ayuda a la Sociedad de Vida Apostólica (no congregación, como ciertos periodistas escriben) que él fundó para evitar la fuga de simpatizantes, porque muchos de ellos aun no logran superar la magnitud del escándalo. Para ellos, y especialmente por las víctimas, las oraciones de quienes buscan la verdad la sanación y el perdón siempre serán oportunas.

   

Para terminar, les dejo el trailer de la película de Alfred Hitchcock "Mi secreto me condena" que narra el calvario de un sacerdote por no poder revelar un asesinato que escuchó en confesión y que es sometido a juicio por ello. Eso sí, meter en este desaguisado al cardenal Cipriani o al juez del Tribunal Eclesiástico Luis Gaspar en una denuncia penal por encubrimiento de delitos, es una evidente muestra de mala fe para removerlos de sus cargos por el odio que les profesan sus acusadores y la antipatía de quienes los atacan por no plegarse a su agenda ideológica anti-vida, anti-familia o anti-desarrollo del país. Ni el odio, ni la difamación, ni la calumnia ni el escarnio público (callejero u online, gratuito o pagado) deben ser tolerados. A ver si se atreven a practicar lo mismo en Irán o en India contra los ayatolas o los brahmanes. Será delicioso ver cómo lo piensan dos veces.