Ciberdelincuencia expresiva

Luego de cinco semanas desde su aprobación en el pleno del Congreso, la cuestionada Ley de Delitos Informáticos, recibió luz verde de Palacio de Gobierno y fue publicada hoy con el número 30096. Sin embargo, los vacíos e imprecisiones de la norma, detectados por los expertos en el tema, pueden afectar la libertad de expresión. La ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa. Por ejemplo, se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, pero no se realiza ninguna valoración sobre en qué tipo de circunstancia debe aplicarse. No sólo eso: la norma debió ser desarrollada luego de que Perú se suscriba al Acuerdo de Budapest del 23 de noviembre de 2001, donde se fijaron lineamientos para combatir la ciberdelincuencia. Al no sumarse a este convenio, el Gobierno de Humala nos deja fuera del entorno internacional, porque este tipo de delitos son transfronterizos. Además, la modificatoria del artículo 162 del Código Penal, que establece penas más severas para “el que indebidamente interfiere o escucha una conversación telefónica”, se da tras la difusión de un audio, en el que se escuchó al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, decir que tenía la autorización de la primera dama Nadine Heredia, para la compra de material bélico.

Otro cuestionamiento a la ley viene desde el Consejo de la Prensa Peruana. Su directora Kela León dijo que ahora se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa. También dijo que los delitos informáticos vinculados con la seguridad nacional suponen con esta norma penas elevadas, pero no hay una definición de lo que se puede considerar información secreta o de seguridad nacional, por lo que podría sancionarse arbitrariamente la difusión de una información "secreta". A su vez, la norma amplía el delito de discriminación a través de las redes, foros y páginas web como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación. Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal. Ante esta avalancha de puntos en contra por parte de la nuwva ley, el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Heriberto Benítez, admitió que existe el riesgo de que se afecte la libertad de expresión, pero que no lo ve en la norma, sino en la calidad de los jueces que tiene el país, que podrían ir más allá de lo que establece la ley, y que por ello, la norma necesita ser precisada.

En Venezuela, el gobierno regula los contenidos de la prensa sancionando cualquier información contraria a los dictados del gobierno. En Argentina, se busca limitar la propiedad de los medios a través de una ley cuya inconstitucionalidad se está discutiendo en el Poder Judicial (aunque la verdadera intención es cerrarle la boca al conglomerado Clarín, crítico del gobierno). En Bolivia se regulan las concesiones sobre el espectro radioeléctrico de manera que la libertad de prensa está igualmente limitada; y en Ecuador se incorporó como nuevo delito, la figura del linchamiento mediático (parece que Correa está recibiendo lecciones de Héctor Cornejo Chávez, autor del Estatuto velasquista de la Libertad de Prensa). En cuanto a China, mejor ni se diga porque ya pertenece a ligas mayores. Todos estos son ejemplos claros de lo que puede suceder de aprobarse normas poco claras para la represión de los delitos informáticos. De no precisarse el alcance de las sanciones a imponerse, acabaremos formando parte del club de países latinoamericamos que, bajo el pretexto de la transparencia y la decencia en la información, esconden, sus gobiernos, intenciones perfectamente intolerantes y carentes de todo respeto a quien disiente. Después de todo, la moral no la dicta un gobierno, salvo que tenga vocación autoritaria.

La dictadura de la falsa libertad

Alfredo Bullard, es un conocido jurista peruano de tendencia liberal y responsable de importar el Análisis Económico del Derecho. Él publicó en el diario El Comercio una columna titulada "La dictadura de la falsa moral", en la que acusa de intolerante al Arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, con una serie de argumentos en los que se evidencia un abierto sesgo ideológico y discriminatorio contra quienes disienten del proyecto de ley de las uniones civiles homosexuales presentado por el congresista Carlos Bruce. Considero que es necesario destazar cada uno de los argumentos esbozados, así como cultivar las virtudes de la tolerancia, el respeto, la libertad y los derechos fundamentales en la vida cotidiana.

"Dañar a los demás": Sostener que el vestirse como un huachafo es algo relativo y propio del gusto de cada quien, es verdad. Como bien reza el dicho "en gustos y colores no han escrito los autores". Después de todo, las modas son el reflejo de los comportamientos sociales y culturales de cada época y la forma de vestirse revela la personalidad de quien lleva los atuendos. En esto no hay discusión porque no hay daño generador en la vista de quien observa. Sólo opiniones que expresan agrado o desagrado. No obstante, utilizar la figura del auto que colisiona con un transeunte (o que éste le rompe el faro porque se cruzó en el camino del carro) para determinar la figura del daño no se puede comparar a las modas. El finado Ronald Coase analizó dicho concepto desde una perspectiva abstracta para determinar la responsabilidad del sujeto que lo provoca. Es verdad. Pero el "daño" provocado en la susceptibilidad ajena por las opiniones o gustos opuestos no tiene parangón con el que es fruto de actos y conductas que colisionan con los derechos más elementales de todo miembro de una sociedad.

"Moral inmoral": Bullard sostiene que al negar la libertad ajena se niega la dignidad de la persona y ésa es una correcta premisa que utiliza equivocadamente para enfilar sus baterías contra el cardenal. Sin embargo, muchos ignoran que en Perú se busca introducir subrepticiamente la ideología de género para introducir, en nombre del derecho a la igualdad, una figura análoga al matrimonio que sólo es la punta de la lanza de un proyecto que busca redefinir, debilitar, y por qué no, destruir una institución milenaria que existe desde antes de la creación de los Estados-nación. El motivo es que el Estado sea la única autoridad que diga qué es moral e inmoral y no la familia y menos la religión. La moral de la que habla el cardenal se basa no sólo en el cristianismo, sino en el orden natural que habita en la conciencia de todo ser humano, cristiano o no cristiano, que lleva a discernir lo que está bien de lo que está mal. Esto no se basa en las costumbres, sino en el consenso social fruto de dicho orden. De ahí parte la crítica del cardenal a este proyecto de ley y no contra las personas que tienen tendencias homosexuales. La supuesta moral inmoral es contradictoria en términos y es consecuencia del choque entre dos formas antagónicas de pensar: la del cristiano y la del liberal.

"Tolerancia": "Debemos brindarle (a Cipriani) la tolerancia que él niega a otros". En el campo de las opiniones las verdades son relativas. Sin embargo, habría que recordar que el concepto de tolerancia nació en un contexto religioso, concretamente en el de la segunda mitad del siglo XVII, cuando aquella famosa frase cuius regio, eius religio (de tal reino, tal religión) era realidad: los príncipes y reyes imponían a sus súbditos la propia religión. Debemos al inglés John Locke las bases y el desarrollo primario de dicha palabra, explícitamente tratados en su "Carta sobre la tolerancia", inicialmente publicada en lengua latina. Así, la tolerancia estuvo vinculada desde el comienzo al derecho a la libertad religiosa. Desde un comienzo tolerancia también implicó un contenido moral en cuanto que hacía relación a soportar un mal, tanto en el orden práctico (los pecados), como en el orden especulativo (los errores), cuando existían razones para ello. En nuestros días se da, de hecho, una confusión. Y es que tolerancia no significa respeto al error o al pecado cuanto a la persona que vive en el error o en el pecado. En este marco no se puede aplicar el valor de la tolerancia pues eso implicaría atentar contra el derecho a la verdad, al bien y a la libertad. Tolerar no significa permitir el mal. La tolerancia hacia las personas es algo lícito y conveniente, no así la aprobación del mal moral o del error: estos siempre, en su esencia, reprobables. Por otra parte, suele olvidarse una dimensión más de la tolerancia que es aportación netamente cristiana y de eso se ocupa el cardenal. Se trata de la caridad aplicada al valor tolerancia. Esto significa que no se trata únicamente de soportar al que yerra o al que vive en el mal, también implica una preocupación por él, un acompañamiento, e incluso una conversión a la verdad y al bien. Se le respeta pero respeto no significa indiferencia o despreocupación. Desgraciadamente, algunos han querido monopolizar el valor de la tolerancia para aplicársela exclusivamente a sí mismos y, además, lejos de su significado real. En nuestros días se usa la bandera de la tolerancia para justificar la mentira y el error. Y cuando alguien osa, con respeto y desapasionamientos, tratar de encauzar hacia la verdad y el bien, o simplemente recordarlos, se le tacha de intolerante.

Justificar la tolerancia basándose en el "mirar para otro lado", de acuerdo con Guido Calabresi, es vaciarla de contenido y sustituirla por una concepción ideológicamente relativista, es decir, una falsa libertad que será fuente de futuras discriminaciones contrarias a los derechos elementales de las personas al imponer por ley y por la fuerza pública proyectos de este tipo, atentando contra el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, contra la libertad religiosa, contra la objeción de conciencia, etc., como ya está sucediendo en varios países de Europa (por ejemplo el gobierno del País Vasco en España al imponer un proyecto similar en los colegios, o la ley impuesta por la fuerza en la Francia gobernada por Hollande). No se puede meter la moral, la tolerancia y la libertad en el mismo costal, pues la consecuancia no será el disentimiento, sino la descalificación, por no decir, el atropello, incluso a los homosexuales que discrepan de la agenda gay.

El delito como "derecho"

Contradictorio el titulo ¿verdad? Sin embargo vemos casi todos los días en cualquier parte del mundo actos abiertamente contrarios a la moral básica de los hombres por razones ideológicas, políticas, religiosas, etc. y que al ser considerados como delitos constituyen muestras palpables de la irracionalidad en el Derecho. Tenemos como ejemplo la mutilación genital femenina de las niñas en Sudan; lapidaciones en Irán por adulterio; pena capital por beber alcohol, hablar por ceñular o no llorar durante los 100 días posteriores al fallecimiento de Kim Yong Il en Corea del Norte, entre otros casos.

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto del Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide castigar. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. A pesar de ello, la doctrina siempre ha reprochado al legislador pidiéndole que debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos penales, pues es trabajo de la dogmática.

La columna editorial del diario El Comercio del miércoles 2 de octubre muestra un caso realmente sui géneris: el reclamo de los mineros ilegales al gobierno para que les deje proseguir con la depredación de los bosques y los consiguientes delitos que esta actividad conlleva. El alcalde de Madre de Dios, en una clara muestra de cinismo justifica esta protesta diciendo que no se pueden dedicar a otra cosa porque son mineros. Es como decir que un campesino no debe dejar de sembrar hoja de coca porque es campesino. Es trabajo del gobierno central demostrar que tiene los pantalones bien ajustados para aplicar el principio de autoridad como en cualquier país con mínimo grado de personalidad. Las pruebas de los perniciosos efectos de dicha actividad sobran y no es necesario ser superdotado para reconocer eso.

El "derecho a delinquir" sería un magnífico tema para un doctorado en Derecho, tanto desde una óptica deontológica como de bioética. Por qué se argumentan razones o pretextos para legitimar delitos (desde el plano moral) por parte de los grupos de poder con el fin de conservar diferentes clases de intereses. La defensa maquiavélica de dichos intereses desde el punto de vista legal carece, consecuentemente, de una base axiológica que permita discernir lo que está bien de lo que no no está. Al final se genera un relativismo práctico recogido en el sistema normativo que lleva a la inutilidad del sistema punitivo y su propósito de disuadir a quienes pretenden delinquir, incluso si se restituyese la pena capital.

Pero de todos los delitos que quieren ser impuestos como "derecho", el más abominable de todos es el aborto. Se podrán invocar causales como peligro para la vida de la madre, que el feto nazca con deformaciones, entre otras, como existen algunas legislaciones, e incluso por cualquier causa, como en la España de Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que los lobbys anti-vida, movidos por grupos de poder económico e ideológico que buscan dominar el mundo, disfrazan con esas causales una agenda racista y eugenésica que muy poca gente conoce. De ahí que dichos disfraces resulten convincentes y hasta humanitarios para personas poco formadas, ingenuas, egoístas y carentes de sentido común. Eso nos lleva a sostener que la causa de este falso derecho es la carencia de un adecuado sistema educativo que llegue a las mayorías que no pueden acceder a los colegios privados. De nada sirve pregonar sobre democracia, derechos humanos, libertad e igualdad si no se cuenta con voluntad política para reformar el sistema, expectorar malos elementos que buscan proteger sus privilegios "marxisto-oligarcas" y consolidar la meritocracia como estímulo para crecer tanto en intelecto como en valores. Condenar a generaciones enteras de peruanos a la ignorancia y ver reducidas sus expectativas de crecimiento es un delito moral ante el cual se requiere de un decidido plan de acción que piense en el país.

Ahora bien, como bien se diría en la sobremesa, la educación en valores se inculca desde la cuna, una tarea difícil, teniendo en cuenta cómo la ideología de género busca producir una reingeniería social que desplace a la familia como educadora del individuo sustituyéndola por el Estado, generando así el adoctrinamiento ideológico; eterna tentación para las dictaduras (y también para falsas democracias) con vocación totalitaria. Mientras los valores morales y la familia no sean defendidos y promovidos en la educación pública y privada por parte de ciudadanos comprometidos y con firme vocación por lo justo y lo recto, las masas seguirán siendo manejadas cual títeres por los oscuros intereses nacionales e internacionales que falsamente se preocupan por el bienestar de los pueblos.

Bien dice el personaje de James Stewart en la película "Mr. Smith goes to Washington" de Frank Capra (traducida aquí como "Caballero sin espada") que las causas perdidas son las únicas que valen la pena defender y hasta entregar la vida.