Perú está viviendo un drama colectivo con unas elecciones cuya legitimidad está dañada por las innumerables denuncias de fraude que muchos ciudadanos han manifestado en los medios y redes sociales. No cabe duda que esto será el inicio de una etapa de tensión que puede derivar en disturbios, parálisis económica, enfrentamientos fratricidas e incluso una ruptura del orden constitucional. La incertidumbre ya se vive y la credibilidad de las instituciones electorales se ha perdido para muchos.
¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Para eso tenemos que echar la vista hacia atrás, hasta julio de 2024, momento en que dos cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes de ser destituidos por el Congreso de la República, aprovecharon una resolución judicial exprés para ser repuestos en sus cargos y, uno de sus últimos actos, antes de que el Tribunal Constitucional le diera la razón al Congreso, fue ratificar a Piero Corvetto como presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Corvetto estaba cuestionado por su manejo del proceso electoral de 2021 debido a las pruebas de menores de edad, extranjeros y hasta fallecidos en las actas de votación.
Al mismo tiempo, el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, abogado conocido por su simpatía hacia la extrema izquierda y defensa legal de terroristas de Sendero Luminoso en los años ochenta, vetó de su inscripción a varios partidos políticos por detalles menores, pero permitió la inscripción del partido Perú Libre, del hoy prófugo Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción y consecuentemente impedido por ley de formar parte de la plancha presidencial del entonces candidato Pedro Castillo. Este último sólo tenía una candidata a vicepresidente (la futura presidente Dina Boluarte), y no dos, como establece la Ley Orgánica de Elecciones, y Castillo no consignó en su hoja de vida ser dueño de una empresa y de un inmueble en su natal Chota. Nada de esto importó y su inscripción se dio más rápido que decir “la cuenta, por favor”.
Además de todo lo anterior, el JNE no permitió la incorporación en su equipo, de un representante del Colegio de Abogados de Lima, debido a las no menos cuestionadas maniobras de impedimento de la entonces decana María Luisa Portocarrero. Sumado a la falta de personeros del partido Fuerza Popular en varios centros de votación, sobre todo en el sur del país, a la agresividad y manejo de las mesas de sufragio por parte de militantes de Perú Libre, y a la votación masiva de adultos mayores, Castillo fue proclamado presidente electo, con la satisfacción de Salas Arenas. Todo lo que sucedió después es historia conocida y parte de un trauma del cual el país no ha logrado sanar.
Cinco años después, pese al cambio de coyuntura, Corvetto realizó un manejo aún peor, pues la ONPE a su cargo no envió material de votación a muchas mesas habilitadas en Lima Metropolitana a la hora establecida y contrató a una empresa de logística en lugar de emplear a las fuerzas Armadas para ello, a cuyos miembros, dicho sea de paso, se les prohibió votar, al igual que a la policía. Una decisión que también se dio en 2021. La enorme cantidad de mesas cerradas al mediodía del domingo o el material entregado con varias horas de retraso, irritó a la ciudadanía, perjudicando a millones de personas, haciendo que volvieran a sus casas y que se extendiera el horario de votación e incluso los comicios al día lunes en algunos lugares, algo nunca visto en la historia de Hispanoamérica.
Muchos ciudadanos denunciaron estas irregularidades haciendo mención a una estrategia de fraude empleada en la Venezuela chavista llamada el Morrocoy, una tortuga oriunda de dicho país, usada como metáfora de la lentitud a la hora de abrir centros de votación, pero con mesas sin material de sufragio. A ello se suman las mesas cerradas o el ausentismo generado por la mala gestión de la ONPE (no por no querer votar) en lugares donde la oposición tenía asegurado un buen caudal de votos. ¿Qué significa eso? Pues hacer trampa, torcer la voluntad popular. Quién niega eso a la prensa o en redes queda como una persona mezquina y descarada.
Sin duda, la credibilidad de la ONPE ha quedado desprestigiada y la legitimidad de estos comicios destruida. Lo correcto es declarar su nulidad, independientemente de quién pase a segundo lugar frente a la eterna candidata Keiko Fujimori. No conozco el futuro, pero creo que nubes negras se están formando sobre el horizonte. Operar en las sombras para favorecer una opción política y presentarla como legal y transparente no es sólo una ofensa, es un delito. ¿En serio los ciudadanos peruanos se van a dejar robar sus votos y vivir con la humillada cerviz, pese a la denuncia penal que ahora pesa sobre Piero Corvetto y demás funcionarios del sistema electoral?
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