Ciberdelincuencia expresiva

Luego de cinco semanas desde su aprobación en el pleno del Congreso, la cuestionada Ley de Delitos Informáticos, recibió luz verde de Palacio de Gobierno y fue publicada hoy con el número 30096. Sin embargo, los vacíos e imprecisiones de la norma, detectados por los expertos en el tema, pueden afectar la libertad de expresión. La ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa. Por ejemplo, se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, pero no se realiza ninguna valoración sobre en qué tipo de circunstancia debe aplicarse. No sólo eso: la norma debió ser desarrollada luego de que Perú se suscriba al Acuerdo de Budapest del 23 de noviembre de 2001, donde se fijaron lineamientos para combatir la ciberdelincuencia. Al no sumarse a este convenio, el Gobierno de Humala nos deja fuera del entorno internacional, porque este tipo de delitos son transfronterizos. Además, la modificatoria del artículo 162 del Código Penal, que establece penas más severas para “el que indebidamente interfiere o escucha una conversación telefónica”, se da tras la difusión de un audio, en el que se escuchó al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, decir que tenía la autorización de la primera dama Nadine Heredia, para la compra de material bélico.

Otro cuestionamiento a la ley viene desde el Consejo de la Prensa Peruana. Su directora Kela León dijo que ahora se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa. También dijo que los delitos informáticos vinculados con la seguridad nacional suponen con esta norma penas elevadas, pero no hay una definición de lo que se puede considerar información secreta o de seguridad nacional, por lo que podría sancionarse arbitrariamente la difusión de una información "secreta". A su vez, la norma amplía el delito de discriminación a través de las redes, foros y páginas web como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación. Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal. Ante esta avalancha de puntos en contra por parte de la nuwva ley, el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Heriberto Benítez, admitió que existe el riesgo de que se afecte la libertad de expresión, pero que no lo ve en la norma, sino en la calidad de los jueces que tiene el país, que podrían ir más allá de lo que establece la ley, y que por ello, la norma necesita ser precisada.

En Venezuela, el gobierno regula los contenidos de la prensa sancionando cualquier información contraria a los dictados del gobierno. En Argentina, se busca limitar la propiedad de los medios a través de una ley cuya inconstitucionalidad se está discutiendo en el Poder Judicial (aunque la verdadera intención es cerrarle la boca al conglomerado Clarín, crítico del gobierno). En Bolivia se regulan las concesiones sobre el espectro radioeléctrico de manera que la libertad de prensa está igualmente limitada; y en Ecuador se incorporó como nuevo delito, la figura del linchamiento mediático (parece que Correa está recibiendo lecciones de Héctor Cornejo Chávez, autor del Estatuto velasquista de la Libertad de Prensa). En cuanto a China, mejor ni se diga porque ya pertenece a ligas mayores. Todos estos son ejemplos claros de lo que puede suceder de aprobarse normas poco claras para la represión de los delitos informáticos. De no precisarse el alcance de las sanciones a imponerse, acabaremos formando parte del club de países latinoamericamos que, bajo el pretexto de la transparencia y la decencia en la información, esconden, sus gobiernos, intenciones perfectamente intolerantes y carentes de todo respeto a quien disiente. Después de todo, la moral no la dicta un gobierno, salvo que tenga vocación autoritaria.